El Presidente de la
Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha manifestado que la mejor política
económica es la que pasa por una buena educación. Los que, desde hace muchos
años, trabajamos en esto, no podemos dejar de estar de acuerdo. No sólo la
educación es la mejor inversión, sino que es la garantía de que la sociedad
avance y los individuos tengan en su mano la posibilidad de ser felices. Porque
una buena educación nos proporciona un puesto en la sociedad y una puerta
abierta a los placeres del entendimiento.
¿Cómo puede lograrse
que la Educación, ahora con mayúsculas, mejore de forma considerable en
Andalucía? En primer lugar conociendo sus problemas de fondo. Problemas que van
más allá de asignaturas concretas o de cuestiones laborales. Problemas que
conciernen a la esencia misma del sistema educativo que, desde hace años, no
responde a las necesidades de la sociedad a la que debe atender. Y se trata de
una cuestión de sentido común, de conocimiento y de solvencia.
El primer reto, es
respetar y hacer posible el derecho a la educación de todos nuestros niños y
jóvenes. Ese derecho pasa porque no haya alumnos sin profesor, debido a que las
bajas por enfermedad o por otros motivos, no se cubren. Este es el gran déficit
de la enseñanza pública, el que hace que, en muchos casos, los padres prefieran
acudir a los centros concertados que les garantizan (con fondos públicos, no lo
olvidemos) que sus hijos no van a estar ni un día, ni una hora, sin profesor.
En segundo lugar,
el derecho a que esa educación se realice en las mejores condiciones posibles,
sin que existan centros de primera o de segunda. Todos los niños tienen derecho
a que en sus colegios e institutos haya ordenadores, plurilingüismo, comedor,
actividades extraescolares, transporte o aulas matinales. La verdadera
conciliación familiar no pasa por considerar a la escuela como receptáculo
donde los niños pasan su tiempo, sino en que el tiempo escolar tenga su
verdadero sentido académico y los centros posean toda clase de servicios
(deportivos, asistenciales, culturales) atendidos por personal adecuado.
El derecho a la
educación significa que todos los niños tengan una atención acorde con sus
características personales, sociales e intelectuales. No todos aprenden igual,
ni lo mismo, ni en el mismo tiempo, ni en la misma forma. Todos los años pasan
por nuestras aulas los “niños invisibles”. Niños silenciosos; niños que no
entienden; niños lentos; niños dispersos; niños sin esperanza. Son niños que
necesitan una enseñanza diferente, alternativa, valiente, que les haga
autónomos, felices, niños sin fracaso, niños con un futuro a su medida. Y no me
refiero únicamente a los alumnos con necesidades específicas asociadas a
discapacidad, sino a muchos otros queno siguen la marcha de la clase y van
fracasando. El fracaso, terrible sensación que el niño experimenta cuando no ocupa
un lugar en el universo escolar.
Pero hay más. Los
centros educativos llevamos años sufriendo cambios legales. Reglamentos,
instrucciones, órdenes, decretos, superpuestos en amalgama, sin coherencia y
creando inquietud, desestimiento y duda. A ello se suma la gran cantidad de
tareas administrativas, que el profesorado realiza y la sensación de que nadie nos oye. Cunde el
desánimo, crece la desmotivación.
En medio de todo
esto, la enseñanza pública tiene que cargar con otro estigma. El que la asocia
con violencia, agresiones, problemas de todo tipo, desorganización… A todos los
que ejercemos nuestro trabajo con la mayor dignidad y profesionalidad en la
escuela pública, nos duelen estas atribuciones, por eso demandamos respeto a
nuestra tarea y, sobre todo, una apuesta decidida por lo público.
Porque es posible
una educación pública de calidad. Tenemos los mejores profesionales; un gran
número de centros dotados con medios materiales; tenemos, sobre todo, un
alumnado que confía en nosotros, madres y padres que, a pesar de que corren
vientos en contra, siguen depositando en nuestras manos a sus hijos, que es lo
mejor que tienen.
Es posible una
educación pública de calidad. Con autonomía real de los centros, con respaldo
legal a los Equipos Directivos para que ejerzan su labor, con leyes que
permitan la atención real a todos los alumnos, con sustituciones efectivas e
inmediatas, con respeto y apoyo a la labor del profesorado…
Es posible y
podemos. Pero aquellos que por la voluntad popular inherente a la democracia ocupan
la Administración Educativa, tienen la obligación moral y ciudadana, de
aplicarse sin desmayo, con imaginación, valentía, talento y trabajo. Ellos
tienen que ser también los mejores, los más preparados, sin cuotas y sin
repartos acomodaticios.
Mientras tanto, los
que trabajamos el día a día de los colegios e institutos, seguiremos intentando
suplir todas esas deficiencias, que alguna vez quisiéramos ver resueltas por el
bien de la sociedad a la que servimos. Por los niños, por nuestros niños. Por
ellos, sí, por ellos.
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